Parque eólico Jepirachi, entre desmonte y comunidad energética
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Por:Martín Rosas – Diario la Economía
En rueda de prensa conjunta entre la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Daniel Quintero Calle, el pasado 5 de julio se anunció con bombos y platillos un “acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa pública EPM para que el parque eólico Jepirachi opere como parte de una alianza público popular con la comunidad wayuu en La Guajira.”
“Hoy EPM decide que Jepirachi, parque eólico de 19,5 Mw en La Guajira, pasará a esquema de propiedad con la comunidad wayuu. Cumplimos al presidente Gustavo Petro en su iniciativa de asociatividad público popular para materializar la transición energética justa”, afirmó en ese momento la entonces ministra Vélez Torres.
El acuerdo contemplaba entregarle al Gobierno Nacional, en cabeza del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), las instalaciones del primer parque eólico construido en el país.
Pero casi un mes después, el pasado 2 de agosto, EPM sacó un comunicado donde anunciaba que para materializar esta comunidad energética, se requieren ajustes regulatorios y la definición de un modelo empresarial por parte del Gobierno Nacional, y que EPM venía entregando al FENOGE la información requerida para el respectivo análisis de viabilidad de la propuesta.
Y agregaba que “de materializarse la propuesta, EPM entregaría al Gobierno Nacional el parque eólico en condiciones óptimas de operación, para que las comunidades continúen beneficiándose de la energía que se genere y capacitaría a las personas que defina el Gobierno Nacional para la operación del Parque.”
Es decir, que hasta ese momento la entrega del proyecto estaba en el aire. Además, agregaba en el mismo comunicado que, de acuerdo con una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expedida en 2019 el parque no cumplía con las condiciones técnicas.
Y a reglón seguido señalaba que “por esta razón, EPM desde 2020 ha venido avanzando en el proceso de desmantelamiento del Parque, con el objetivo de cumplir la norma vigente y culminar su operación el 9 de octubre de 2023.”
Es decir que el parque debería ser desmontado a partir de este año, no solo porque ya cumplió su vida útil de 20 años, sino por la obsolescencia tecnológica. Además, porque desde sus inicios se concibió como un proyecto piloto.
Efectivamente, y como lo menciona la propia EPM, el parque eólico Jepirachi es un proyecto que inició operación en 2004, y “desde sus inicios hasta hoy se ha concebido como un proyecto piloto experimental y como un laboratorio privilegiado para la investigación y el conocimiento de la tecnología eólica…”
Cabe señalar que el parque está compuesto por 15 aerogeneradores que, con la tecnología actual, pueden ser remplazados por solo 4 molinos para generar la misma cantidad de energía.
El Fenoge, por su parte, a través de un comunicado respondió el pasado 3 de agosto que EPM les había “remitido información de manera parcial sobre el estado del parque Jepirachi, la cual resulta insuficiente para determinar la viabilidad de continuar con la operación del parque bajo el esquema propuesto”.
Aunque no lo mencionaba expresamente, el comunicado estaba relacionado con una extensa carta que el director Ejecutivo del Fenoge, Juan Camilo Vallejo, le envió el 28 de julio a EPM solicitando aclarar más de 52 puntos, desde temas ambientales y sociales, hasta técnicos, operativos y financieros del parque.
Entre ellos, le solicitaba a EPM que “es necesario conocer al detalle el proceso de modernización, incluyendo costos, fechas estimadas y plazos en las que se debería realizar los mantenimientos, acondicionamientos o reposiciones, para garantizar la condición operativa y confiable del parque de generación. Así mismo, se debe incluir lo correspondiente a los aerogeneradores que se encuentran indisponibles”, el 5 y el 15.
Sobre la vida útil del proyecto, le solicita “detallar las inversiones necesarias y los costos asociados a estas, para la entrega del parque de generación, asegurando la vida útil de este durante un periodo de entre 15 y 20 años.”
En cuanto al flujo de caja, el Fenoge no logró evidenciar las proyecciones, por lo que le pide a EPM “incluir las estimaciones necesarias para la entrega en funcionamiento del proyecto y los supuestos generales de proyección utilizados.” Además de “aclarar las razones por las que en algunos periodos resulta negativo el flujo de caja del proyecto y por qué difieren tanto los valores entre periodos.”
La carta concluye solicitándole a EPM que “realice una propuesta del plan de inversiones en el cual se incluya, entre otras y de manera desagregada, la repotenciación y puesta en operación del parque de generación, el desmonte al finalizar la vida útil adicional del proyecto, la operación del parque bajo su responsabilidad, en la que se considere el AOM y el mecanismo mediante el cual las comunidades participarían como contratistas dentro de las actividades normales de operación. Dicha propuesta debe incluir la proyección de las utilidades esperadas del proyecto, considerando la repartición de beneficios entre EPM y las comunidades que serían participes del mismo.”
De manera general, el Fenoge solicita realizar una auditoría externa o debida diligencia que comprenda la revisión técnica, documental, ambiental, social y financiera de los componentes mencionados en la carta y demás que sean relevantes para el proyecto, un proyecto que por ahora sigue en el aire, debatiéndose entre el desmonte y la comunidad energética wayuu.
